La mujer, capturada en un operativo del Gaula de la Policía, entregaba información privilegiada a delincuentes que operaban desde centros carcelarios.
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento contra una empleada de una entidad bancaria, señalada de ser la pieza clave para una estructura criminal dedicada a la extorsión. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía, la mujer aprovechaba su cargo para acceder a las bases de datos de los clientes y filtrar información confidencial a una red que operaba desde el interior de varias cárceles del país.
Las autoridades establecieron que la funcionaria suministraba nombres completos, números de identificación, direcciones de residencia y, principalmente, los movimientos financieros de las víctimas. Con estos datos, los delincuentes realizaban llamadas intimidatorias en las que se hacían pasar por grupos armados ilegales o autoridades judiciales, exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra la integridad de los clientes o sus familias.
El ‘modus operandi’
La investigación, que contó con interceptaciones telefónicas y seguimiento detallado de los accesos al sistema del banco, reveló que la implicada recibía pagos mensuales por parte de la red delincuencial a cambio de la información. La precisión de los datos suministrados permitía que las extorsiones fueran altamente efectivas, pues las víctimas, al escuchar detalles tan específicos sobre su vida financiera, cedían ante las presiones por temor.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y violación de datos personales. Aunque la procesada no aceptó los cargos, el material probatorio fue suficiente para que se ordenara su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el juicio.
Este caso ha encendido las alarmas en el sector financiero sobre los protocolos de seguridad interna y la confiabilidad del personal que maneja información sensible. Por su parte, la entidad bancaria involucrada manifestó a través de un comunicado que está colaborando plenamente con la justicia y que ha reforzado sus sistemas de monitoreo para evitar que situaciones similares se repitan.
El Gaula de la Policía recordó a la ciudadanía la importancia de la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’ y recomendó reportar cualquier llamada sospechosa a la línea 165, especialmente si el interlocutor demuestra conocer detalles privados de sus cuentas bancarias.