La bolsa de recursos aprobada por el concejo a la alcaldía de Tunja permitirá financiar proyectos de infraestructura, sociales y garantizar el funcionamiento de la alcaldía municipal.
La Ptar, programas de alimentación y transporte escolar, atención al adulto mayor, seguridad y hasta el funcionamiento de la administración municipal, son algunos de los programas y proyectos que se verán beneficiados con los más de 110.000 millones de pesos para lo que resta del año, que le acaba de aprobar el concejo para ser incorporados al presupuesto municipal y que corresponden a la vigencia 2025.
De esta manera queda conjurado el S.O.S que había lanzado hace unas semanas, la propia alcaldesa encargada desde el 6 de mayo, María Paula Jiménez, al referirse a la problemática que generaría la no autorización para incorporar ese dinero al presupuesto.
“Este superávit es muy importante, porque cuando llegué a la alcaldía me encontré con que la contratación especialmente de prestación de servicios, se planearon en su mayoría a cuatro o cinco meses y por mucho a seis meses, no entiendo por qué lo hicieron así, pero el problema es que los contratos se estaban venciendo y ya no habían recursos para garantizar estos puestos de trabajo, que son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de la administración municipal, precisamente, porque tenemos una muy limitada planta de funcionarios, frente a la necesidad”, señaló la mandataria a Las Noticias de Boyacá.
Según recalcó, se encontró además con que, a su llegada, ya varias de las secretarías tenían ejecuciones presupuestales por el orden del 60 y el 70 por ciento, cuando apenas transcurría el mes de mayo, es decir que no había recursos.
“Por eso es clave explicarles a los tunjanos que no es cierto que este dinero vaya a ser la panacea para solucionar los graves problemas que tiene la ciudad: de esos 110.000 millones, 58.000 millones son de libre inversión y el resto de destinación específica para temas como salud, Ley 99, predios de interés específico, entre otros”, explicó la mandataria encargada.
María Paula Jiménez enfatizó en que cuando llegó al encargo, se encontró con que incluso los concejales ya estaban citados a sesiones extraordinarias y que, dentro de ese periodo de convocatoria, el proyecto del superávit ya venía incluido, por lo que ella asumió que como ya estaba incluido debía estar listo todo su trámite.
“Mi sorpresa es que cuando pregunto por el contrato, me dicen, no doctora es que todavía no hemos terminado de consolidarlo. Entonces pedí que me permitieran ver lo que llevaban adelantado, pero pasaron ocho días, quince días y nunca llegó, mientras necesidades y compromisos apremiantes como por ejemplo la contrapartida para la Ptar que había quedado comprometida no se había cumplido y se tenía en riesgo el cierre financiero, porque ya el gobierno nacional y la gobernación habían puesto el grueso de la financiación y si no se cumplía el plazo, se podía perder el proyecto y el Findeter lo que iba a hacer era regresarles los dineros a la Nación y el departamento”, dijo la alcaldesa.
Continúo su relato asegurando que supuestamente la jefe de gabinete adelantó unas mesas técnicas por 15 días, pero que cuando ella se fue de vacaciones, no entregó absolutamente nada del proyecto del superávit o de las mesas técnicas.
“Lo que tuve entonces que hacer fue sentarme con la jefe de presupuesto, que es una persona de planta, el director del Departamento Administrativo de Planeación y pedirles que construyéramos el proyecto de superávit de ceros, porque el tema es que si no gestionábamos esos recursos, se iba a paralizar la administración y se iban a causar un daño irreversible en diferentes acciones de gobierno”, recordó.
María Paula Jiménez justificó su afán en que el Plan Alimentario Escolar estaba a la espera del adicional, el contrato de vigilancia demandaba un nuevo contrato o un adicional, no perder el contrato de la Ptar, garantizar la continuidad de contratistas para el funcionamiento de la administración, entre otros.
“Empezamos a trabajar para construir el proyecto de superávit de ceros, lo radicamos y ahí sí comenzaron a aparecer los secretarios a quejarse porque no les habíamos incluido alguna necesidad o proyecto, y mi respuesta fue que trabajamos sobre la única versión a la que tuve acceso que era la inicial y donde supuestamente estaban las necesidades de cada secretaría, porque luego mandaron dos versiones que ni siquiera respetaban el techo de lo que se tenía, ya que a sabiendas de que eran 110.000 millones, enviaron una versión por 160.000 y otra por 170.000 millones, cuando sabían que eso no se podía hacer”, indicó la alcaldesa encargada.
Agregó que había unas metas del plan de desarrollo que ya no se iban a poder cumplir porque pasó ya más de la mitad del gobierno y ni siquiera habían arrancado con la formulación de los proyectos.
“Teníamos que ser muy responsables, porque los términos contractuales a nivel de derecho público son muy justos y no dan espera, así como la contratación de personal, porque había dependencias que ya no tenían contratistas fundamentales para prestar el servicio e incluso con funcionarios de planta que estaban en vacaciones”, recalcó la alcaldesa encargada.
¿En qué más se invertirá el dinero?
Según la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez, con la aprobación del superávit, se desentraban varios procesos, proyectos y actividades, pero no quiere decir que ese dinero vaya a alcanzar para hacer lo que el gobierno de Mikhail Krasnov no hizo durante los más de dos años que estuvo al frente de los destinos de la ciudad.
“Claro que estos recursos permitirán financiar entre otros, proyectos de infraestructura, proyectos sociales e incluso garantizar el funcionamiento de la administración municipal, la agenda cultural, el Día del Campesino y programas sociales que están en un atraso significativo”, dijo la mandataria al referirse a la inclusión de los dineros correspondientes al superávit de la vigencia 2025 al presupuesto del presente año.
Que del superávit también se contemplan 300 millones de pesos destinados al proceso de reubicación de los comerciantes de la Plaza de Mercado Norte, iniciativa que ha generado otra ácida polémica y que actualmente es objeto de socialización con comerciantes y otros actores involucrados.
De igual manera, más de 57.000 millones de pesos serán de libre destinación y podrían financiar programas de educación, seguridad, deporte, cultura e inclusión social.
Los recursos provienen, entre otros, del Sistema General de Participaciones, estampillas, alumbrado público y diferentes sobretasas administradas por el municipio y las dependencias que recibirían mayores recursos son las secretarías de Educación, Ecovivienda, Gobierno, Cultura, Mujer y Medio Ambiente, además del IRDET.