Víctor Gamboa, el mandatario de Villa de Leyva, quien este lunes completó cuatro meses privado de la libertad, fue trasladado del Cespo de la Policía a la Cárcel La Picota.
Estar en la picota pública significa, según la RAE, “encontrarse en una situación de descrédito, burla o censura generalizada debido a que se han hecho públicos los errores, faltas o defectos de alguien”, y eso es lo que le venía pasando al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, pero esta mañana adicionalmente, fue trasladado a la cárcel La Picota en Bogotá.
El mandatario, quien enfrenta un proceso acusado de los delitos de concusión y prevaricato por acción, fue trasladado desde las instalaciones del Centro de Servicios Especiales de la Policía (Cespo) a la cárcel La Picota de Bogotá, en un operativo adelantado bajo estrictas medidas de seguridad y con reserva por parte de las autoridades.
Gamboa, permanece privado de la libertad, desde el pasado jueves 7 de mayo, cuando fue capturado en la plaza principal del pueblo boyacense cuando se disponía a ingresar al edificio de la alcaldía.
Uniformados del CTI de la Fiscalía, ese día, lo esposaron y lo trasladaron hasta Bogotá para las audiencias del caso y mientras avanza su proceso, permaneció primero en el bunker de la Fiscalía, pero luego, tras ser cobijado con la medida de aseguramiento por parte de la juez, permanecía en prisión preventiva en el Cespo, de donde fue trasladado la mañana de este miércoles 9 de septiembre.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó, de manera discreta, un operativo de traslado de cuatro personas que permanecían en el Cespo entre ellos, también Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e investigado por su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD; el abogado Álex Vernot, condenado por el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del antiguo DAS, condenado por la persecución y las torturas psicológicas a la periodista Claudia Julieta Duque.
Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto al traslado del alcalde, pero según EL TIEMPO, se trataría de una estrategia que el director general del Inpec, Daniel Gutiérrez, viene adelantando desde el cambio de gobierno, en el sentido de mover las fichas al interior de los centros penitenciarios. En las primeras dos semanas fueron trasladados hasta 403 internos, incluyendo los jefes criminales del Valle del Aburrá, y particulares como Epa Colombia y Margareth Chacón, esta última condenada por el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
De qué acusan al alcalde:
Aunque fue detenido desde el 7 de mayo, fue el 17 de julio pasado, cuando Fiscalía hizo la acusación formal por presuntamente exigir dinero a cambio de facilitar algunos trámites administrativos para una licencia de construcción, sindicándole los delitos de concusión y prevaricato por acción.
«De acuerdo con la investigación, el 8 de junio de 2025, presuntamente, el alcalde exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos», señaló la Fiscalía ese viernes de julio.
Y agregaron que, después de esos actos, Gamboa al parecer solicitó aumentar los honorarios previstos anteriormente para el contratista, el cual habría recibido aproximadamente 48 millones durante los 11 meses de servicios.
Según la investigación, el pasado 4 de marzo de 2026, «Gamboa Chaparro habría solicitado a la empresaria, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción».
Aunque la Fiscalía señala que posteriormente retiró esa exigencia, el alcalde expidió dos días después una resolución sin tener en cuenta el posible conflicto de intereses que «habría constituido una retaliación y una forma de presión ante la negativa inicial de la empresaria de acceder a sus pretensiones económicas».
Pero adicionalmente, las investigaciones revelaron que la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción como consecuencia de esa decisión.