Colombia fija el umbral en los 60 años, mientras que España y Estados Unidos lo sitúan en los 65. Las diferencias reflejan cómo cada sociedad organiza sus sistemas de salud y protección social.
La pregunta parece simple, pero la respuesta es más compleja de lo que se imagina: ¿a qué edad se es viejo? La respuesta no es universal.
Depende del marco legal de cada nación, de la estructura de su sistema de salud y, en última instancia, de cómo cada sociedad decide proteger a sus ciudadanos más longevos.
Lo que en Colombia se considera el inicio de la vejez, en Europa o en Estados Unidos todavía se puede catalogar como la plenitud de la madurez.
Este debate adquiere mayor relevancia en el contexto de un planeta que envejece a pasos acelerados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el envejecimiento demográfico es uno de los retos más grandes del siglo XXI, y que la esperanza de vida global alcanzó los 73,3 años en 2024.
Bajo este panorama, se estima que para el año 2030 habrá 1.400 millones de personas con 60 años o más en todo el planeta.
Una cifra que obliga a los gobiernos a revisar sus marcos normativos y sus modelos de atención.
Colombia: los 60, punto de partida
En el territorio nacional, la normativa es clara y no deja espacio para ambigüedades. La Ley 2055 de 2020 establece que en Colombia se considera «persona mayor» a quien tiene 60 años o más, con un enfoque orientado al pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de esta población.
No se trata solo de una etiqueta estadística. La ley busca garantizar la inclusión efectiva de este grupo en la sociedad, abriéndoles las puertas a programas de asistencia, subsidios, atención en salud diferenciada y protección especial frente a la discriminación por razones de edad.
En otras palabras: cumplir 60 años en Colombia no es solo una marca en el calendario, es el acceso a un conjunto de derechos que el Estado está obligado a garantizar.
Esta postura es coherente con la tendencia predominante en América Latina. En México, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) fija el límite en los 60 años, basándose en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Argentina, por su parte, se rige bajo la Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que también establece los 60 años como la edad base para esta categoría.
La región, en su mayoría, ha optado por una definición más temprana de la vejez, reconociendo las condiciones particulares de sus poblaciones.
Europa y Estados Unidos: la barrera de los 65
Al cruzar el Atlántico o mirar hacia el norte del continente, el panorama cambia sustancialmente. En España, los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) utilizan los 65 años como referencia oficial para definir a la población mayor.
Una diferencia de cinco años que no es menor: supone que una persona de 62 años es considerada adulto mayor en Bogotá, pero no lo sería en Madrid.
A inicios de 2024, el grupo de 65 años o más representaba el 20,4 por ciento de la población española, una cifra que marca un máximo histórico en ese país.
El dato ilustra con precisión la magnitud del reto demográfico que enfrenta Europa, un continente donde la pirámide poblacional se invierte de manera cada vez más visible.
En Estados Unidos, la lógica es similar. La edad de 65 años es el referente más visible, principalmente por su relación con el sistema de salud: Medicare, el programa federal de seguro médico, tiene este rango como requisito general para la inscripción, salvo casos excepcionales de discapacidad o enfermedades crónicas específicas.
Dicho de otro modo, en el país norteamericano la vejez no la define una ley de derechos, sino el acceso a un seguro médico: llegar a los 65 es, ante todo, poder acceder a atención sanitaria cubierta por el Estado.
Un umbral que revela mucho más que una edad
La diferencia entre los 60 y los 65 años como punto de corte no es un asunto menor ni meramente burocrático. Refleja visiones distintas sobre qué es envejecer, cuándo el Estado debe intervenir y cómo se estructura la solidaridad intergeneracional en cada sociedad.
Mientras los países latinoamericanos reconocen más tempranamente las vulnerabilidades asociadas al envejecimiento, las naciones del norte global tienden a anclar la definición a la capacidad laboral y al acceso a sistemas de pensiones y salud.
Lo que sí es innegable, independientemente del umbral que se adopte, es que el envejecimiento de la población es un fenómeno imparable. El aumento de la longevidad, sumado a la caída de la natalidad en gran parte del mundo, está obligando a los gobiernos a repensar la forma en que cuidan a quienes, después de décadas de trabajo y contribución, reclaman su lugar en una sociedad que a veces parece diseñada solo para los jóvenes.
Tener 60 o 65 años hoy no es lo que era hace medio siglo. La medicina ha avanzado, los estilos de vida han cambiado y la concepción de la vejez se transforma.
El verdadero reto para los Estados no es solo fijar un número en una ley, sino construir sociedades capaces de envejecer con dignidad.