El senador boyacense John Amaya asegura que el pulso que libran Tv Azteca y Andean Tower terminaría afectando a por lo menos 54 municipios del departamento.
El congresista exigió al Ministerio TIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adoptar medidas preventivas ante el riesgo de afectaciones a los servicios de comunicaciones que podría derivarse de la controversia entre TV Azteca y Andean Tower Partners (ATP).
El congresista advirtió que 72 nodos de infraestructura de telecomunicaciones ubicados en Boyacá estarían potencialmente involucrados en la controversia entre TV Azteca y Andean Tower Partners (ATP).
El llamado lo hizo durante su intervención en la Comisión Sexta del Senado, de la cual hace parte, al advertir que una eventual interrupción de los servicios de comunicaciones podría impactar no solo a empresas de telecomunicaciones, sino también a instituciones públicas y servicios esenciales.
La preocupación tiene especial relevancia en Boyacá, donde la CRC identificó 72 nodos de infraestructura potencialmente involucrados, la cifra más alta registrada entre los departamentos del país.
Además, los pequeños proveedores de servicios de internet conectados a la red de TV Azteca tienen presencia en 54 municipios del departamento.
“Hace muchos años discutíamos los riesgos que existían de concentrar la infraestructura de comunicaciones solo en una empresa y hoy está pasando que se está materializando ese riesgo”, señaló el congresista boyacense oriundo de Socha.
Y añadió que, según la CRC, a nivel nacional existen 419 sitios de infraestructura potencialmente involucrados. La entidad ha precisado que, por ahora, no existe una interrupción confirmada de los servicios, pero ha señalado la necesidad de adoptar medidas que permitan garantizar su continuidad.
De acuerdo con la clasificación reportada por TV Azteca a la CRC, la situación podría involucrar a 500 de sus clientes, entre ellos 245 pequeños proveedores de servicios de internet, 149 negocios, 92 empresas —que incluyen entidades públicas, centros hospitalarios y EPS, entidades educativas, entre otras— y 14 prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones.
Estos datos evidencian que una eventual afectación de los servicios de comunicaciones podría tener un alcance que trasciende a los operadores directamente involucrados en la controversia e impactar a organizaciones y entidades que dependen de esta infraestructura para la prestación de sus servicios.
La CRC también ha señalado la necesidad de que TV Azteca y ATP adopten medidas técnicas, operativas y de coordinación para garantizar la continuidad de los servicios, entre ellas la implementación de planes de contingencia, la evaluación de rutas alternativas y la comunicación oportuna con los clientes potencialmente involucrados.
Ante este escenario, Amaya advirtió que una eventual afectación podría tener consecuencias directas sobre entidades y servicios fundamentales para los ciudadanos, pero mayoritariamente en Boyacá.
“La CRC ya dio un reporte de cuáles son los posibles afectados (…) y ahí encontramos entidades públicas como alcaldías, encontramos escuelas, encontramos hospitales y creo que debe ser un llamado urgente a tener un plan de contingencia”, afirmó.
El senador también pidió a los integrantes de la Comisión Sexta, hacer seguimiento a las medidas que se adopten y garantizar que el plan de contingencia pase de los anuncios a acciones concretas. “Hago una invitación a esta comisión a que estemos atentos a que ese plan de contingencia se materialice y que podamos hacer frente a esta posible desconexión de gran parte de los servicios de comunicaciones del país”, sostuvo.
John Amaya reiteró que continuará haciendo seguimiento a la situación desde la Comisión Sexta, con especial atención a Boyacá, donde se concentra el mayor número de nodos potencialmente involucrados, y a las medidas que se adopten para prevenir cualquier afectación a los servicios de comunicaciones.