El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de las intimidaciones. El Gobierno reforzó esquemas de seguridad.
La campaña hacia la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030 ha entrado en una fase crítica de orden público.
En las últimas horas, la seguridad de los candidatos de la oposición, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, se ha convertido en el eje de la conversación nacional tras la denuncia de graves amenazas de muerte y actos de vandalismo que buscan desestabilizar el ejercicio democrático en el país.
El hecho más reciente involucra a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien denunció a través de sus canales oficiales una serie de mensajes intimidatorios recibidos en redes sociales, los cuales coinciden con ataques físicos a su infraestructura de campaña.
En Bucaramanga, la sede principal de la candidata fue blanco de actos vandálicos; desconocidos pintaron grafitis con mensajes agresivos y consignas en contra de su colectividad, generando un clima de zozobra entre sus simpatizantes.+1
La respuesta del Gobierno
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Defensa anunció este domingo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien suministre información que conduzca a la identificación y captura de los autores de estas amenazas. Por su parte, el Ministerio del Interior confirmó que se ha procedido a un refuerzo inmediato de los esquemas de protección proporcionados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
«No vamos a parar. Estas amenazas no son contra una persona, sino contra las ideas de millones de colombianos que buscan un cambio de rumbo para el país», afirmó Valencia tras conocerse las medidas de seguridad.
Tensión en la derecha
Por otro lado, el abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella ha estado bajo la lupa de las autoridades debido a riesgos similares. De la Espriella, quien recientemente presentó su programa de 13 propuestas centradas en la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, ha sido enfático en que la actual situación de orden público en regiones como el Cauca y el Catatumbo facilita que grupos al margen de la ley intenten interferir en el debate electoral.
Analistas políticos sugieren que el perfil confrontativo de ambos candidatos frente a las políticas de la «Paz Total» los ha convertido en objetivos de estructuras criminales que operan en zonas donde el control estatal es frágil. La oposición ha exigido al presidente Gustavo Petro un pronunciamiento categórico que garantice la transparencia del proceso electoral.
Garantías electorales
Desde la Casa de Nariño se emitió un comunicado asegurando que existen «garantías plenas» para todos los sectores políticos, especialmente para aquellos que se declaran en oposición. Sin embargo, la persistencia de las disidencias de las Farc y el ELN en diversos territorios mantiene en alerta a la Registraduría y a la Misión de Observación Electoral (MOE), que ven con preocupación cómo la violencia vuelve a ser una herramienta de presión en la política colombiana.