En un plazo máximo de un mes debe contratar el seguro por muerte violenta para el personero, tal y como se ordena en el inciso 2 del artículo 177 de la Ley 136 de 1994.
Luego de múltiples requerimientos y evasivas por parte de la alcaldía, la sala de decisión número 2 del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá le dio la razón al personero de Tunja y le ordenó adquirir una póliza que proteja al representante del Ministerio Público.
“Tuvo que presentar Acción de Cumplimiento contra el alcalde con el fin de lograr el cumplimiento del inciso 2 del artículo 177 de la Ley 136 de 1994, consistente en la contratación de una póliza de seguro de vida a favor del personero por muerte violenta, y que dicha obligación se cumpla para todas las vigencias restantes del período institucional (2024–2028)”, señaló el personero Nelson Andrés Villabona.
En los argumentos esgrimidos por el personero de Tunja, adujo que en la Ley 136 de 1994 se consagra la obligación de contratar un seguro de vida para el personero municipal, además demostró que la alcaldía cuenta con el rubro respectivo para contratar el seguro, y que la reiterada omisión del alcalde y sus colaboradores limita el actuar de la entidad, dado que dicho seguro en su sentir, responde a la necesidad de proteger la integridad personal y familiar de quien asume esa función pública.
El representante del Ministerio Público logró demostrar que en su rol de defensor de los Derechos Humanos, de los intereses de la comunidad y de garante del cumplimiento de la ley en el ámbito municipal, está expuesto a riesgos que pueden comprometer su vida, especialmente en contextos donde la denuncia o el control ejercido incomoda a actores ilegales o corruptos.
El episodio se da en medio de un rifirrafe que libran desde el gobierno municipal con el personero, semanas después de que el ruso que gobierna la capital boyacense le comunicara a Villabona que debe devolver las instalaciones en las que funciona la oficina de la personería, luego de que este último le abriera varios procesos disciplinarios a funcionarios del gobierno municipal.
“Como vicepresidente de la Asociación de Personerías Capitales de Colombia PersoCapitales, espero que está decisión también sirva de referente para beneficiar a muchos colegas de las personerías del País, a esos representantes del Ministerio Público a quienes sistemáticamente los alcaldes les restringen sus derechos por hacer bien su difícil y dura tarea de defender a los más vulnerables, proteger el patrimonio público y luchar contra la corrupción”, señaló Nelson Andrés Villabona.