La Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva y su mejor amigo por presuntamente exigir dinero y beneficios a cambio de facilitar trámites urbanísticos.
Tras recaudar un nutrido acervo probatorio, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este viernes al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los delitos de concusión y prevaricato por acción.
A través de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el ente acusador había logrado ya su objetivo de convencer al juez 52 Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Bogotá cobijar con la medida de aseguramiento privativa de la libertad al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.
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Y no solo acusó formalmente al mandatario, sino que en la misma actuación fue acusado por el delito de concusión el joven Juan Camilo Sánchez Torres, quien era el mejor amigo de Gamboa y que ahora es señalado dentro del proceso, de intervenir ilegalmente para gestionar la ampliación de una licencia de construcción.
Todo comenzó con la denuncia presentada el pasado 28 de abril de 2026 por María Victoria Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., que llevó a la Fiscalía a imputarle los delitos de concusión, es decir que abusó de su cargo para exigir o solicitar una coima, por lo que se expone a una pena máxima de 15 años de prisión, e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta por 12 años, y prevaricato por acción, tras al parecer hacer exigencias económicas y de personal para darle vía libre a una licencia de construcción en el municipio.
De acuerdo con la investigación, el 8 de junio de 2025, presuntamente, el alcalde exigió a la representante legal de la empresa de inversiones San Jacinto de Nelvic contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos.
“Posteriormente, al parecer, solicitó aumentar los honorarios pactados para el contratista, quien recibió pagos cercanos a 48 millones de pesos durante los 11 meses que prestó sus servicios”, señalaron desde la Fiscalía General de la Nación.
Según la denuncia, en una obra que adelanta la familia Solarte, —los mismos empresarios nariñenses, que construyeron la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso— en un gigantesco predio que adquirieron en la vereda El Roble y solicitaron en la secretaría de Planeación municipal una licencia, el alcalde vio la posibilidad de cometer sus delitos.
Esa licencia, se ha conocido en medio del escándalo, les concedió 552 metros de construcción, pero al parecer, supera ya los 5.200 metros edificados, incluyendo además de varias cabañas, hasta capilla, auditorio, teatro, lagos, piscina y pesebreras de dos pisos.
Según la fiscalía, la denuncia se presentó el 28 de abril y una semana después, el 7 de mayo, en medio de un excesivo operativo, personal de la Fiscalía enviado directamente desde Bogotá, capturó pasadas las 8:20 de la mañana del 7 de mayo, a Víctor Gamboa, justo frente al edificio administrativo y el museo Acuña, en una de las esquinas de la plaza principal de este municipio.
“Los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de la empresa de inversiones”, informaron desde la Fiscalía.
La misma investigación da cuenta de que el pasado 4 de marzo de 2026, Gamboa Chaparro habría solicitado a la empresaria, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción.
Aunque posteriormente retiró esa exigencia, dos días después expidió una resolución que, pese a un posible conflicto de intereses, habría constituido una retaliación y una forma de presión ante la negativa inicial de María Victoria Solarte Daza de acceder a sus pretensiones económicas.
“Como consecuencia de esa decisión, la secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción. Asimismo, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a 232 millones de pesos”, añade el ente investigador.
Y dijo además que en una nueva supuesta llamada que se habría dado la noche del 6 de marzo, el alcalde mostró su arrepentimiento y le aseguró que no se volvería a meter más en ese proceso y que se hiciera lo que ordenaba la ley, que él no seguiría interviniendo.
“Cinco días después, el 11 de abril, vino una sanción impuesta desde la Inspección Segunda de Policía a la empresa San Jacinto de Nelvic y adicionalmente la orden de demolición de parte de la obra”, concluye la comunicación de la Fiscalía.