Histórico, Colombia tendrá salario mínimo vital por primera vez en 2026
En una sorpresiva alocución de Navidad, el presidente Gustavo Petro anunció que el incremento para el próximo año se basará en el concepto de la OIT para garantizar una vida digna.
Tras el fracaso en la mesa de concertación, el ajuste se fijará por decreto y buscará cubrir la canasta básica real de las familias.
- Publicidad-
En lo que se perfila como un giro estructural en la política laboral de Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció la noche de este 23 de diciembre que el país adoptará, por primera vez en su historia, el concepto de “salario mínimo vital” para fijar el incremento que regirá en el año 2026. La decisión llega tras el agotamiento de las negociaciones en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde gremios y sindicatos no lograron un punto de encuentro.
El mandatario, en un mensaje dirigido a la nación con motivo de las festividades, explicó que este nuevo enfoque no es simplemente un ajuste nominal basado en la inflación y la productividad, sino una medida orientada a cumplir con el mandato constitucional del artículo 53 y los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿Qué es el salario mínimo vital?
A diferencia del salario mínimo legal que se ha negociado tradicionalmente en el país, el salario mínimo vital se define como la remuneración necesaria para que un trabajador y su familia puedan acceder a un nivel de vida digno. Según los lineamientos de la OIT, citados por el jefe de Estado, este debe ser suficiente para cubrir necesidades fundamentales que van más allá de la subsistencia alimentaria.
“El salario debe ser familiar, no individual”, enfatizó Petro durante su intervención. Bajo esta premisa, el cálculo del incremento para 2026 tendrá en cuenta variables como el costo de una vivienda digna, alimentación adecuada, vestuario, salud, educación, transporte e incluso un margen para imprevistos y participación social.
Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que la metodología para llegar a esta cifra se basa en datos sólidos sobre el costo real de la vida. “No estamos hablando de una cifra al azar; estamos evaluando cuánto cuesta la canasta básica de una familia promedio en Colombia y cuántos miembros de ese hogar trabajan para sostenerla”, indicaron desde la cartera laboral.
El contexto de la decisión
La adopción de este modelo se produce en un momento de alta tensión política y económica. La mesa de concertación se levantó sin acuerdo el pasado lunes, con propuestas que estaban en polos opuestos: mientras las centrales obreras (como la CUT y la CGT) solicitaban un incremento cercano al 16% —basándose precisamente en la deuda histórica de productividad y el concepto de vida digna—, los gremios empresariales propusieron un ajuste del 7,2%, advirtiendo sobre posibles presiones inflacionarias y riesgos para la formalidad laboral.
Ante la falta de consenso, el Gobierno Nacional tiene la potestad legal de fijar el salario por decreto antes del 30 de diciembre. Con el anuncio del “salario vital”, el Ejecutivo envía un mensaje claro de que la cifra final estará más cerca de las aspiraciones sindicales que de las proyecciones empresariales. De hecho, estimaciones de la OIT sugieren que un ingreso “digno” para una familia de cuatro personas en Colombia debería rondar los 3 millones de pesos, una cifra que, aunque lejana para el salario mínimo individual de un solo trabajador, sirve como norte para la nueva política gubernamental.
La implementación del salario mínimo vital no está exenta de controversia. Analistas económicos y líderes gremiales han expresado su preocupación por el impacto que un alza sustancial podría tener en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan la mayor parte del empleo en el país.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha reiterado que cualquier ajuste debe ser «técnico y responsable», advirtiendo que un incremento excesivo podría disparar los costos de producción y, por ende, el precio final de los bienes y servicios, anulando el poder adquisitivo que se pretende proteger.
No obstante, desde la Casa de Nariño se defiende que un mayor ingreso en los hogares dinamiza el consumo interno y, a largo plazo, impulsa el crecimiento económico. “Un aumento de la productividad permite reducir costos, pero esto no puede ser a costa del hambre del trabajador”, señaló el mandatario en su alocución.
Con este anuncio, Colombia entra en una nueva era de su legislación laboral. El país queda a la espera del decreto oficial que se expedirá en las próximas horas, el cual revelará la cifra exacta que devengarán millones de colombianos a partir del 1 de enero de 2026 y que, según el Gobierno, marcará el inicio del fin de la pobreza laboral en el país.