La expectativa se tendrá que mantener hasta el próximo miércoles en la tarde, cuando la juez entregará su veredicto sobre la libertad de Víctor Gamboa, el alcalde de Villa de Leyva.
¿Qué pasó? ¿Por qué no se desarrolló la audiencia en la que se definía la medida de aseguramiento de Víctor Gamboa, el alcalde de Villa de Leyva?
Solo se dijo que la decisión tenía que esperar, porque la audiencia había sido aplazada para el próximo miércoles, 16 septiembre a las 4:00 de la tarde.
La razón, que se mantuvo bajo reserva y que conoció Las Noticias de Boyacá, es que la juez tuvo un percance de salud y recibió una incapacidad médica que le impidió adelantar la audiencia del 11 de septiembre a las 8:00 de la mañana como estaba prevista.
Así las cosas, seis días más tendrá que esperar la decisión frente a si se confirma la medida de aseguramiento con la que fue cobijado Víctor Alfonso Gamboa Chaparro el pasado 20 de mayo, o si por el contrario queda en libertad y puede regresar a su cargo, el alcalde.
Villa de Leyva lleva cuatro meses sin alcalde titular, cuatro meses y cuatro días exactamente, desde ese jueves 7 de mayo cuando un grupo de uniformados de la Fiscalía adelantó un operativo en el que capturaron, esposaron y se llevaron a Víctor Gamboa rumbo a Bogotá, de donde no ha podido regresar.
La Fiscalía lo acusa de los delitos de concusión y prevaricato por acción, dos faltas graves que podrían darle más de 20 años de prisión si no logra comprobar su inocencia, frente a las acusaciones que le hace María Victoria Solarte, hija de los pastusos recordados por el Consorcio Solarte y Solarte que construyó y operó la doble calzada BTS, pero en este caso como representante del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., que adelanta un polémico proyecto de construcción en área rural de esta localidad.
Según la mujer, quien tiene privado de la libertad a Gamboa, por unas grabaciones de llamadas y mensajes que supuestamente este le hizo, entre otras para presuntamente solicitarle el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística que en total ascendía a 112 millones de pesos, al decirle que no a su solicitud de entregar ese monto de dinero, desde la alcaldía se tomaron medidas sancionatorias en su contra.
Pero, además, según la denuncia, Gamboa, habría exigido que le contrataran a su mejor amigo y hasta le fijo un sueldo de 13 millones de pesos al mes, claro pagos por San Jacinto Nelvic S.A.S.
Pues, para el próximo miércoles quedó fijada la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento que el entonces defensor del mandatario, Ricardo Burgos, solicitó luego de que la juez de control de garantías entonces, le diera la razón a la Fiscalía y apresara a Gamboa.
Precisamente, en ese momento, 13 días después de su captura, la Fiscalía General de la Nación logró convencer a la juez de que el mandatario tenía que estar privado de la libertad, porque libre entorpecería el proceso e incluso podría manipular las investigaciones, por tratarse del alcalde.
Y eso es lo que debe determinar este 16 de septiembre la juez, tras valorar si Víctor Gamboa puede seguirse defendiendo desde la libertad, o permanece tras las rejas, hasta que se defina en su juicio su futuro próximo.
Espera la decisión desde La Picota
Gamboa, permanece privado de la libertad, desde el pasado jueves 7 de mayo, cuando fue capturado en la plaza principal del pueblo boyacense cuando se disponía a ingresar al edificio de la alcaldía.
Uniformados del CTI de la Fiscalía, ese día, lo esposaron y lo trasladaron hasta Bogotá para las audiencias del caso y mientras avanza su proceso, permaneció primero en el bunker de la Fiscalía, pero luego, tras ser cobijado con la medida de aseguramiento por parte de la juez, permanecía en prisión preventiva en el Cespo, de donde fue trasladado la mañana de este miércoles 9 de septiembre.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó, de manera discreta, un operativo de traslado de cuatro personas que permanecían en el Cespo entre ellos, también Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e investigado por su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD; el abogado Álex Vernot, condenado por el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del antiguo DAS, condenado por la persecución y las torturas psicológicas a la periodista Claudia Julieta Duque.