La mujer, de 25 años, permanecía parapléjica tras un intento de suicidio derivado del trauma del abuso. El procedimiento se cumplió pese a la férrea oposición judicial de su padre.
Tras una batalla legal de más de dos años que llegó incluso a instancias europeas, Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que quedó parapléjica tras ser víctima de una violación grupal, recibió la eutanasia este jueves en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona.
El procedimiento se llevó a cabo minutos antes de las 8:00 p. m. (hora local), luego de que un juzgado de Barcelona rechazara un recurso de última hora presentado por su padre. El progenitor, apoyado por la organización Abogados Cristianos, solicitaba suspender la muerte asistida para someter a su hija a un nuevo tratamiento psiquiátrico, argumentando que su decisión no era libre debido a su estado mental.
Noelia, quien creció en un entorno marcado por adicciones y pasó gran parte de su vida en centros de menores, sufrió una agresión sexual múltiple en 2022. El trauma del ataque la llevó a intentar quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso el 4 de octubre de ese mismo año. Aunque sobrevivió, las lesiones en su columna la dejaron postrada de forma irreversible, lo que la motivó a solicitar el derecho a una muerte digna, contemplado en la legislación española.
»Quiero irme en paz»
En una de sus últimas declaraciones públicas, concedida al programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, la joven reafirmó su postura frente a la oposición de su familia. «Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años. Quiero irme en paz y dejar de sufrir», manifestó.
La joven enfatizó que, a su juicio, la felicidad de sus allegados no debía prevalecer sobre su autonomía y su deseo de terminar con un sufrimiento que consideraba insoportable.
Contexto legal
Durante la jornada del jueves, el centro asistencial estuvo rodeado por ciudadanos que se acercaron a dejar flores en señal de apoyo, así como por grupos religiosos que intentaron, hasta el último momento, disuadirla. No obstante, las autoridades judiciales españolas avalaron la legalidad del proceso en todas sus etapas, señalando que la joven cumplía con los requisitos de padecimiento «grave, crónico e imposibilitante» que exige la ley.
Con este desenlace se cierra uno de los casos más mediáticos y complejos sobre el derecho a morir en España, donde la confluencia de un crimen sexual, la salud mental y la discapacidad física generó un intenso debate social y jurídico