En el proceso se identificó el origen jurídico de más de 2.300 hectáreas ubicadas en el departamento de Boyacá.
El área ‘reconstruida’ comprende un total de 2.308 hectáreas, correspondientes a 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria, ubicados en las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño, en jurisdicción del municipio de El Cocuy, Boyacá.
Sin duda, la reconstrucción del ‘Título Histórico del Cocuy’, da cumplimiento a uno de los acuerdos sellados entre el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, y los campesinos de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, en agosto pasado.
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“Tuvieron que pasar más de dos siglos y medio para que las comunidades campesinas del municipio de El Cocuy vieran reconocido un derecho que durante siglos defendieron desde la memoria: la propiedad sobre sus tierras”, informaron desde el gobierno nacional.
Y añadieron que por generaciones, más de 500 familias campesinas de El Cocuy afirmaron que estos predios les pertenecían, mientras gobiernos anteriores desconocían el origen jurídico de sus derechos.
“Hoy, gracias a la voluntad política del presidente Gustavo Petro y a través de la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se resolvieron los procesos técnicos y jurídicos sobre estos predios; con ello, esta historia vuelve a ser revisada, documentada y validada, garantizando seguridad jurídica plena para las comunidades del territorio”, recalcaron.
Dijeron además que para lograrlo, fue necesario viajar en el tiempo: entre los años 1776 y 1809, la Corona Española realizó visitas oficiales al antiguo resguardo indígena del Cocuy para evaluar, bajo el marco del derecho indiano, la extensión, uso y titularidad de estas tierras.
“Estos actos no fueron arbitrarios, se desarrollaron conforme a la Recopilación de Leyes de Indias, las Reales Cédulas de 1591 y la Instrucción de 1754”, explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras.
Con base en este mismo marco normativo y en articulación con la normativa vigente, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, junto con un equipo de profesionales y técnicos, adelantaron un estudio riguroso que permitió comprobar que los predios conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad, salieron legítimamente del dominio del Estado durante el periodo colonial y se incorporaron al régimen de propiedad privada, condición que mantiene plena validez jurídica incluso después de más de 250 años de historia.
“Las comunidades están muy satisfechas y, tras la movilización campesina realizada en agosto pasado, reconocemos que la Agencia Nacional de Tierras ha sido la entidad que más ha cumplido, trabajando en defensa del campesinado y en la gestión necesaria para encontrar nuevos documentos que brinden tranquilidad y eviten el despojo o desplazamiento de las familias parameras”, aseguró Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano.
El subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras agregó que entre los meses de octubre y noviembre de 2025 se analizaron fuentes históricas originales en el Archivo General de la Nación, entre ellas autos de venta de tierras y documentos asociados a la reedificación de iglesia.
“Este trabajo se complementó con cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), información catastral vigente, ejercicios de georreferenciación y verificación en campo, lo que permitió reconstruir con precisión el polígono exacto del Título Histórico del Cocuy”, concluyó Julián Ballén.
Este antecedente histórico cuenta con validez probatoria conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994, consolidando la seguridad jurídica de más de 500 familias campesinas y aportando claridad al ordenamiento de la propiedad rural en Boyacá.
“Así, en 2025, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, la historia vuelve a ser revisada con rigor, memoria y justicia, porque la Reforma Agraria no borra la historia: la reconoce, incluso más de 250 años después”, señalaron desde el gobierno nacional.