»En un severo revés para la Casa de Nariño, la Corte Constitucional ordenó la suspensión inmediata y provisional del decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, congelando sus efectos al considerar que la medida usurpa funciones propias del Congreso y carece de hechos sobrevinientes.»
En una decisión que marca un nuevo pulso institucional entre el Poder Judicial y la Casa de Nariño, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó este jueves la suspensión provisional del decreto legislativo mediante el cual el gobierno del presidente Gustavo Petro había declarado, por segunda vez, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
La medida cautelar, un mecanismo excepcional en la jurisprudencia del alto tribunal, congela de inmediato los efectos jurídicos de la normativa expedida en diciembre pasado, mientras se surte el examen de fondo sobre su constitucionalidad. La decisión fue adoptada tras una intensa jornada de deliberación en el Palacio de Justicia, donde la mayoría de los magistrados acogió la ponencia que advertía sobre el riesgo inminente de una alteración institucional irreversible si se permitía la vigencia del decreto durante el litigio.
El argumento central de la Corte para aplicar este «freno de emergencia» radica en la aparente ausencia de hechos sobrevinientes e imprevisibles que justifiquen el uso de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo. Según fuentes del alto tribunal, los magistrados consideraron que las razones expuestas por el Gobierno Nacional —relacionadas con la crisis fiscal y climática— corresponden a problemas estructurales que debieron tramitarse a través de leyes ordinarias en el Congreso de la República, y no mediante la vía de excepción.
»No se evidencia, en esta etapa preliminar, la conexidad directa entre una situación calamitosa repentina y las medidas tributarias adoptadas», señala uno de los apartes del auto. Esta determinación deja sin piso jurídico, por el momento, los decretos reglamentarios que ya habían empezado a expedirse para ejecutar presupuestos especiales destinados a las regiones priorizadas.
Desde el Gobierno, la reacción no se ha hecho esperar. Sectores afines al Pacto Histórico han calificado el fallo como un «bloqueo institucional» que impide atender las necesidades urgentes de la población vulnerable. Sin embargo, juristas consultados por este diario coinciden en que la Corte está actuando como garante de la separación de poderes, evitando que la figura de la emergencia se convierta en una herramienta para legislar sin el control político del legislativo.
Con esta suspensión, el Gobierno Petro enfrenta un revés político significativo al inicio del año, obligándolo a buscar consensos en un Congreso donde las mayorías son cada vez más esquivas, mientras espera el fallo definitivo que podría sepultar completamente su estrategia de excepción.