La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó la modificación del artículo 27 de la Carta Magna.
La medida, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, busca endurecer las penas contra pandilleros y agresores sexuales.
En una decisión que marca un giro estructural en el sistema judicial de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó este lunes una reforma constitucional que permite la aplicación de la cadena perpetua en el país. Con 59 votos a favor y solo uno en contra, el Legislativo dio luz verde a la modificación del inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, el cual prohibía hasta ahora las penas de prisión de por vida.
La iniciativa, presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, bajo las directrices del presidente Nayib Bukele, establece que la máxima sanción podrá ser aplicada a responsables de delitos de homicidio agravado, violación y terrorismo. Según el Gobierno, esta herramienta legal es fundamental para garantizar que los miembros de estructuras criminales, especialmente pandilleros, no regresen a las calles.
«Estamos dando una respuesta contundente a las víctimas. Quien atente contra la vida o la integridad de los salvadoreños de manera atroz, no volverá a ver la luz del día en libertad», señaló Villatoro tras la votación en la plenaria.
Contexto y controversia
La aprobación se produce en el marco del régimen de excepción que rige en el país centroamericano desde hace casi dos años, una estrategia que ha reducido drásticamente los índices de homicidios pero que, a su vez, ha despertado fuertes críticas de organismos internacionales.
Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han cuestionado la celeridad de estas reformas y la falta de contrapesos. Para los sectores de oposición, la medida es vista como una consolidación del punitivismo estatal, mientras que el oficialismo defiende que se trata de una «actualización necesaria» de la justicia frente a la criminalidad extrema.
Para que la cadena perpetua sea plenamente operativa, la Asamblea deberá ahora tramitar reformas adicionales al Código Penal y otras leyes secundarias que definan los criterios de aplicación y los mecanismos de revisión de penas, en caso de que existan. Por ahora, El Salvador se une a la lista de países de la región que han endurecido sus marcos normativos como respuesta a la violencia sistemática.