El complejo proceso judicial que enfrenta el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en los tribunales de Estados Unidos ha sumado un nuevo capítulo de tensión.
Su equipo legal ha denunciado formalmente que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de sus sanciones, está obstaculizando el derecho a la defensa de su cliente al impedir que el Gobierno de Venezuela cubra los millonarios honorarios del juicio.
En una carta dirigida al juez federal Alvin Hellerstein en Manhattan, Barry Pollack —abogado principal de Maduro— reveló las trabas burocráticas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según la misiva, fechada a finales de febrero de 2026, las acciones de Washington amenazan con dejar a Maduro sin una representación legal efectiva en uno de los casos penales más mediáticos de la geopolítica actual.
Un permiso revocado en tiempo récord
El origen de este choque legal radica en la telaraña de sanciones impuestas a Caracas. Para que los abogados estadounidenses puedan cobrar honorarios con fondos provenientes del Estado venezolano, requieren una autorización especial del Departamento del Tesoro.
Según detalló la defensa, el pasado 9 de enero de 2026, la OFAC otorgó finalmente la ansiada licencia. Sin embargo, en un giro abrupto, apenas tres horas después de haberla emitido, la oficina «enmendó» el documento sin brindar ninguna explicación, eliminando específicamente la cláusula que permitía aceptar los fondos para la defensa de Maduro. Curiosamente, la licencia paralela otorgada a su esposa y codemandada, Cilia Flores, no sufrió modificaciones.
¿Una violación a la Constitución de EE. UU.?
Para Pollack, este movimiento de la administración estadounidense trasciende lo administrativo y choca contra los derechos constitucionales.
«Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con su capacidad para contratar a un abogado y, por tanto, con su derecho, en virtud de la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección», argumentó el defensor en su escrito, solicitando que se restablezca el permiso original.
Esta maniobra ocurre a pesar de que en enero el propio juez Hellerstein había instado a la Fiscalía estadounidense a trabajar en conjunto con la defensa para garantizar que las licencias de la OFAC permitieran una representación legal «plena y celosa».
El reloj judicial sigue su marcha
Nicolás Maduro, quien enfrenta graves cargos federales por narcoterrorismo y corrupción, se declaró «no culpable» a principios de año mediante sus representantes. En los documentos judiciales se le acusa de haberse asociado con cárteles y grupos armados para inundar de drogas a Estados Unidos utilizando rutas en el Caribe y Centroamérica.
Mientras se resuelve este pulso financiero y diplomático sobre cómo se pagarán los honorarios, el calendario no se detiene. La próxima audiencia clave en este histórico proceso judicial está fijada para el próximo 26 de marzo de 2026, fecha en la que el juez Hellerstein tendrá que decidir si el bloqueo del Tesoro compromete o no la viabilidad del juicio.