El viernes, un juez de control de garantías revocó la casa por cárcel que tenía y ordenó su traslado a un centro de reclusión. En medio de su proceso por corrupción, Miguel Quintero fue trasladado a la cárcel de Cómbita.
El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) cumplió el traslado de Miguel Quintero Calle a la cárcel de máxima seguridad en Cómbita, mientras responde al proceso penal en su contra por presunta corrupción, cuando su hermano Andrés, se desempeñó como alcalde de Medellín.
Quintero Calle había sido enviado a prisión domiciliaria por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, en medio del proceso por el presunto entramado de corrupción relacionado con millonarios contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Sin embargo, fue capturado este viernes 30 de octubre, luego de que un juez penal le revocara la casa por cárcel que tenía desde el 2 de octubre y ordenara su traslado a un centro de reclusión que definió el Inpec.
Esta decisión se tomó al considerar que la intervención domiciliaria no era suficiente para que no interviniera en la investigación, dando instrucciones o comunicándose con otros involucrados.
Horas después, la entidad penitenciaria estableció que sería recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita, Boyacá, conocido como El Barne o Cárcel de Cómbita.
El investigado fue llevado desde la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bello, conocida popularmente como Cárcel Bellavista, a donde inicialmente fue llevado, hasta el centro penitenciario que es considerado uno de los más fríos del país.
La fría cárcel de Cómbita:
La de Cómbita es uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país, y está situado en el kilómetro 17 de la vía que comunica a Tunja con Paipa, a 20 minutos del casco urbano de la capital de Boyacá.
Esta penitenciaria abrió en 2002 y en 2016 fue ampliada con un nuevo pabellón con capacidad para 576 cupos.
Tiene capacidad para 1.600 reos, pabellón de aislamiento y 3 anillos de seguridad con sensores de seguridad importados de Estados Unidos, cámaras, maquinaria con rayos X, reflectores, parlantes, esclusas y otros dispositivos tecnológicos. Es considerada una de las más seguras de Colombia y América Latina.
El hermano del exalcalde de Medellín completó su tercer día confinado allí en una celda de 2 por 3 metros, con cama de concreto, retrete de aluminio y un lavadero, totalmente incomunicado y bajo unas condiciones especiales de vigilancia.
Allí han sido recluidos otros criminales infames como David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG; el jefe de La Oficina, Diego Fernando Murillo o alias Don Berna; el jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez o alias Popeye, entre otros.
Rechazo al traslado a Cómbita:
La defensa de Miguel Quintero, interpuso una acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de Colombia por el traslado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.
El abogado Felipe Alzate, representante legal de Miguel Quintero, denunció que esa decisión “constituye una forma de instrumentalización política” e hizo duros reparos sobre la facultad que tiene el Inpec para ordenar traslados en Colombia.
Alzate confirmó la acción de tutela contra el Inpec, el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, por el traslado a la cárcel de seguridad de Cómbita, en Boyacá, alegando que esa ubicación lo deja a cientos de kilómetros de su domicilio, de su familia y del lugar en donde se adelanta el proceso judicial en su contra.
En ese recurso, precisó la defensa del hermano del exalcalde de Medellín, que Colombia es un Estado Social de Derecho con garantías sobre la dignidad humana, independientemente de la condición, procedencia, los vínculos familiares o las circunstancias políticas del procesado.
Bajo esas circunstancias aclararon que una medida privativa de la libertad no constituye una condena “ni autoriza tratamientos que puedan convertirse en mecanismos de exposición, escarnio o reproche público”, manifestaron desde la oficina de abogado Alzate Hernández.
El abogado de Quintero Calle recordó que el Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia, tiene la facultad de ordenar traslados de presos, pero cuestionó que esa decisión “no es discrecional, caprichosa, ni puede convertirse en una forma de persecución política.
Cómo va el proceso judicial
La orden de privación de la libertad vino de un juez de segunda instancia después de que el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías ordenara una medida de detención domiciliaria.
Sin embargo, Sebastián Ortega, la otra persona acusada en el proceso, permanecerá en libertad según la decisión del operador judicial.
Quintero está respondiendo en estos momentos ante la justicia por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, en tanto que Ortega lo hace solamente por el segundo delito.
El caso en el que están siendo acusados se trata de presuntas irregularidades que habrían cometido dentro de una contratación por $17.656 millones entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, entre los años 2021 y 2023.
Pese a que Quintero no era servidor público, la investigación que adelanta el ente acusador lo señala como el cerebro del entramado para sacar recursos públicos.
Según el ente acusador, tiene chats, entrevistas y documentos que vincularían a Quintero Calle con el nombramiento, por intermedio de una tercera persona, de funcionarios dentro del Amva, así como con la salida de otros que presuntamente le incomodaban.
La Fiscalía también lo señala de participar en un acuerdo económico que se habría concretado dentro de las instalaciones de la entidad junto a funcionarios acusados como Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Misael Cadavid.
Villada y Álvarez también están investigados. Cadavid firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía y es su testigo clave.
El ente acusador estableció cómo se estructuraron contratos por 17.000 millones de pesos y cómo, presuntamente, se movieron esos recursos para que Quintero Calle se apropiara del 15%: 2.481 millones de pesos, de los cuales 1.654 millones habrían sido en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.
*Con información de El Colombiano y Semana