Tras la confirmación de la medida de aseguramiento contra Víctor Gamboa, Carlos Amaya tendrá que proceder a suspenderlo y nombrar un alcalde para el municipio de Villa de Leyva.
Se le complica la situación al alcalde el municipio de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. Tras la confirmación de la medida de aseguramiento, el gobernador Carlos Amaya debe proceder a suspenderlo y nombrarle un reemplazo.
Ayer, finalmente se desarrolló a audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, en la que una juez no solo le ratificó la medida de aseguramiento que le habían impuesto el 20 de mayo pasado, sino que además la togada rechazó todos los argumentos presentados por la defensa del alcalde.
La juez consideró que el alcalde por su condición e investidura podría incurrir en nuevas conductas como las que le han originado el proceso que lo tiene privado de la libertad, y que por eso prefiere mantenerlo privado de la libertad, mientras se toma una decisión en su caso.
El procedimiento que tendrá que adelantar el gobernador de los boyacenses está reglado en la Ley 136 de 1994, donde se explica que ante la suspensión de un alcalde por haber sido privado de la libertad, este deberá proceder a nombrar al encargado de una terna que le entregará el partido, los partidos o colectividades que le entregaron el aval al titular y ahora sancionado.
La suspensión la debe determinar Amaya tan pronto como sea notificado y seguidamente debe proceder a los partidos que integraron la coalición para que le hagan llegar la terna, de la que el mandatario departamental, deberá escoger al encargado.
Otra derrota para Gamboa
La decisión de la juez fue adversa la tarde de este miércoles a los intereses del alcalde de Villa de Leyva en la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento que el entonces defensor del mandatario, Ricardo Burgos, solicitó luego de que la juez de control de garantías, le diera la razón a la Fiscalía y apresara a Gamboa.
Precisamente, en ese momento, 13 días después de su captura, la Fiscalía General de la Nación logró convencer a la juez de que el mandatario tenía que estar privado de la libertad, porque libre entorpecería el proceso e incluso podría manipular las investigaciones, por tratarse del alcalde.
Y eso es lo que debe determinar este 16 de septiembre la juez, tras valorar si Víctor Gamboa puede seguirse defendiendo desde la libertad, o permanece tras las rejas, hasta que se defina en su juicio su futuro próximo.
La acusación que lo tiene en la cárcel:
En la audiencia que empezó pasadas las 4:30 de esta tarde, la juez le dio la razón a la primera instancia. La Fiscalía lo acusa de los delitos de concusión y prevaricato por acción, dos faltas graves que podrían darle más de 20 años de prisión si no logra comprobar su inocencia.
El alcalde resultó en graves líos por las acusaciones que le hace María Victoria Solarte, hija de los pastusos recordados por el Consorcio Solarte y Solarte que construyó y operó la doble calzada BTS, pero en este caso como representante del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., que adelanta un polémico proyecto de construcción en área rural de esta localidad.
Según la mujer, quien tiene privado de la libertad a Gamboa, por unas grabaciones de llamadas y mensajes que supuestamente este le hizo, entre otras para presuntamente, solicitarle el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística que en total ascendía a 112 millones de pesos, al decirle que no a su solicitud de entregar ese monto de dinero, desde la alcaldía se tomaron medidas sancionatorias en su contra.
Pero, además, según la denuncia, Gamboa, habría exigido que le contrataran a su mejor amigo y hasta le fijo un sueldo de 13 millones de pesos al mes, claro pagos por San Jacinto Nelvic S.A.S.
Seguirá en La Picota…
Gamboa, permanece privado de la libertad, desde el pasado jueves 7 de mayo, cuando fue capturado en la plaza principal del pueblo boyacense cuando se disponía a ingresar al edificio de la alcaldía.
Uniformados del CTI de la Fiscalía, ese día, lo esposaron y lo trasladaron hasta Bogotá para las audiencias del caso y mientras avanza su proceso. Estuvo primero en el bunker de la Fiscalía, pero luego, tras ser cobijado con la medida de aseguramiento por parte de la juez, permanecía en prisión preventiva en el Centro de Servicios Especiales de la Policía, CESPO, de donde fue trasladado la mañana del miércoles 9 de septiembre.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó, de manera discreta, un operativo de traslado de cuatro personas que permanecían en el CESPO entre ellos, también Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes e investigado por su participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD; el abogado Álex Vernot, condenado por el caso Hyundai, y Emiro Rojas, exdirector del antiguo DAS, condenado por la persecución y las torturas psicológicas a la periodista Claudia Julieta Duque.