El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a encender el álgido debate migratorio que domina la agenda política norteamericana.
Con la firma de nuevas directrices ejecutivas, su administración busca ponerle un freno definitivo al controvertido fenómeno conocido como «turismo de nacimientos», limitando la adquisición de la nacionalidad por el simple hecho de nacer en territorio estadounidense.
Esta renovada ofensiva legal llega apenas unas semanas después de que, en el pasado mes de junio, la Corte Suprema de Justicia de ese país le propinara un revés judicial al mandatario. Tras ese rechazo, el gobierno federal ha decidido utilizar la vía de las órdenes ejecutivas para restringir el acceso a este beneficio constitucional, apuntando específicamente a ciertos grupos poblacionales.
El término de ciudadanía por nacimiento hace alusión a la garantía legal que otorga pasaporte estadounidense a casi cualquier individuo que vea la luz dentro de sus fronteras. Por otro lado, el turismo de nacimientos define la práctica de extranjeros que planean viajes al país norteamericano con el propósito exclusivo de que sus hijos nazcan allí y, por consiguiente, adquieran los derechos de un ciudadano.
Las nuevas restricciones desde el Despacho Oval
Las dos órdenes ejecutivas firmadas recientemente por el mandatario operan como mandatos directos hacia el aparato burocrático federal y no requieren del visto bueno del Congreso. La primera de estas medidas amplía el espectro de aquellos extranjeros cuyos descendientes no podrán gozar de la nacionalidad automática, estableciendo barreras más estrictas frente a escenarios particulares.
Bajo esta nueva directriz, se le negará la ciudadanía automática a los recién nacidos de padres extranjeros cuando uno de ellos incurra en las siguientes causales:
- Tenga vínculos comprobables con organizaciones terroristas foráneas.
- Se desempeñe como empleado activo de un gobierno internacional.
- Haya incurrido en fraude durante sus intentos de conseguir estatus legal.
- Habite en territorios no incorporados donde la ley federal no ampara este derecho.
Colleen Putzel-Kavanaugh, experta del Migration Policy Institute (MPI), ha señalado que la aplicación de estas normas podría enfrentar serios escollos operativos. La analista subraya la enorme dificultad que representará para las agencias gubernamentales determinar con exactitud quién pertenece a un grupo radical y, sobre todo, sobre quién recaerá la responsabilidad de aportar dichas pruebas ante las autoridades.
La segunda disposición gubernamental apunta a desmantelar la lucrativa industria que promueve los viajes de maternidad. Mediante instrucciones precisas a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, el gobierno busca intensificar los controles y erradicar la publicidad engañosa que agencias internacionales utilizan para captar clientes que desean que sus hijos sean estadounidenses.
«Prometen ciudadanía, acceso a prestaciones públicas y estancias temporales en instalaciones especializadas, pero a menudo no cumplen esas promesas», reza uno de los apartes del documento oficial emitido por la Casa Blanca, dejando en evidencia las tácticas de estas redes operativas.
El ‘derecho del suelo’ y sus excepciones históricas
El principio jurídico del jus soli, o derecho del suelo, se encuentra blindado por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Históricamente, este precepto fue diseñado tras la Guerra Civil con el noble propósito de otorgarle estatus legal pleno a las personas que habían sido sometidas a la esclavitud, garantizando su integración formal a la naciente república.
En la actualidad, este mandato ampara a la inmensa mayoría de los nacidos en el país, sin importar si sus progenitores tienen los papeles en regla. Sin embargo, la legislación siempre ha contemplado excepciones lógicas, como los hijos de diplomáticos en misión, los descendientes de tropas enemigas en tiempos de guerra, o los nacidos en territorios como Samoa Americana, quienes son catalogados como «nacionales no ciudadanos».
El choque de cifras y las discusiones en la Corte Suprema
Mientras el presidente Trump asegura sin mayor sustento probatorio que «cientos de miles» de niños nacen producto de esta práctica, las cifras oficiales y los estudios independientes dibujan un panorama diferente y mucho más conservador frente al impacto real del turismo de nacimientos.
| Fuente de los datos | Nacimientos anuales estimados | Porcentaje del total nacional |
| Registros de los CDC (2024) | Aproximadamente 9.500 bebés | 0,25 % de los nacimientos |
| Migration Policy Institute | Entre 20.000 y 26.000 bebés | 0,5 % al 0,7 % de los nacimientos |
| Administración Trump | «Cientos de miles» (Dato no verificado) | Indeterminado |
Durante los alegatos ante la Corte Suprema en abril, el procurador general D. John Sauer argumentó que la 14ª Enmienda estaba generando consecuencias impensables para sus redactores, advirtiendo que el mundo entero estaba «a un vuelo de distancia» de conseguir la nacionalidad. No obstante, el presidente del tribunal, John Roberts, desestimó esta visión apocalíptica, recordándole al gobierno que la Constitución sigue siendo la misma a pesar de los cambios globales.
El panorama internacional de la ciudadanía
El mandatario estadounidense ha repetido en varios discursos que su país es una anomalía global al regalar la nacionalidad, pero la realidad geopolítica es distinta. Más de treinta naciones aplican el jus soli de forma automática, incluyendo a gran parte de América Latina, con países como México, Brasil y Argentina a la cabeza de este modelo integrador.
Si bien es cierto que Estados Unidos y Canadá son las únicas potencias económicas del mundo desarrollado que mantienen un sistema sin mayores cortapisas, otras naciones han adoptado fórmulas mixtas. Países como Australia o el Reino Unido exigen actualmente que al menos uno de los padres sea residente permanente para otorgar el pasaporte, un modelo que la actual administración estadounidense parece querer imitar mediante la vía del decreto.