Las jornadas de protesta que se viven en Santander, Boyacá y Cundinamarca ponen de relieve la desconexión entre la actualización de datos de la tierra y la capacidad de pago de los contribuyentes.
Colombia atraviesa un momento de tensión social debido a la implementación acelerada del llamado Catastro Multipropósito. Lo que inició como una ambiciosa meta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para modernizar la información de los predios en el país, hoy se ha convertido en el principal combustible de un paro nacional que este 9 de abril paralizó corredores estratégicos como la vía Bogotá-La Calera y diversos municipios de Santander.
El inconformismo no es menor. Ciudadanos y campesinos denuncian que la actualización de los avalúos catastrales, gestionada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ha derivado en incrementos del impuesto predial que, en algunos casos, superan el 1.000 por ciento. Mientras el Gobierno defiende la herramienta como un paso hacia la justicia social y el ordenamiento del territorio, los propietarios advierten que sus ingresos no crecen al ritmo de los nuevos recibos.
¿Qué es y para qué sirve?
A diferencia del catastro tradicional, que históricamente tuvo un enfoque puramente fiscal (cobrar impuestos), el Catastro Multipropósito busca ser una «geografía para la vida». Su objetivo es generar un inventario detallado de la propiedad raíz que sirva para la formalización de tierras, la protección ambiental y la planificación de servicios públicos.
En el papel, la medida busca reducir un rezago histórico. Según cifras del IGAC, para abril de 2026 se ha logrado reducir el atraso en el 67 por ciento del territorio nacional, actualizando más de 44 millones de hectáreas. Sin embargo, este proceso ha sacado a la luz una realidad económica dolorosa: predios que no habían sido actualizados en 15 o 20 años pasaron de tener avalúos irrisorios a valores comerciales del siglo XXI de manera súbita.
El detonante del malestar
El nudo del conflicto radica en el impacto tributario. Aunque el Gobierno Nacional insiste en que el IGAC solo define el avalúo (el valor del bien) y que son los alcaldes y concejos municipales quienes fijan la tarifa del predial, la base gravable se disparó de tal forma que los alivios resultan insuficientes.
«Mi casa pasó de estar avaluada en 185 millones de pesos a más de 1.100 millones en un solo año», comenta uno de los manifestantes en Bucaramanga. Esta situación se repite en el sector rural, donde pequeños productores aseguran que, aunque su tierra «valga» más en el papel, su rentabilidad agrícola sigue estancada, dejándolos sin flujo de caja para cumplir con la obligación tributaria.
La Ley 1995 de 2019 estableció límites para que el impuesto no subiera más del 50 por ciento en ciertos casos de actualización. No obstante, las excepciones de la norma y la magnitud del reajuste han hecho que miles de hogares sientan que la ley se quedó corta ante la realidad de sus facturas.
Un pulso político y social
El panorama en las regiones es complejo. En Santander, municipios como Lebrija y Sabana de Torres han visto bloqueos totales en protesta por la Resolución 2057 del IGAC. En Boyacá y Cundinamarca, los cierres preventivos y las asambleas permanentes de campesinos exigen una revisión técnica de los avalúos que considere la capacidad de pago real del habitante rural.
En el departamento hay cierres viales en Arcabuco, sector Casa Blanca, en Moniquirá salida a Barbosa, Santanter, en Tinjacá, en Sáchica salida a Villa de Leyva y en Chiquinquirá salida a Saboyá.
Por ahora, el Gobierno Nacional mantiene su postura de avanzar en la meta de llegar al 70 por ciento de actualización para finales de este año, argumentando que sin información clara no hay reforma agraria posible.
No obstante, la presión en las calles sugiere que, sin una reforma que desvincule el avalúo técnico del golpe inmediato al bolsillo, el Catastro Multipropósito seguirá siendo visto por muchos como un castigo a la propiedad más que como una herramienta de desarrollo.