La Gobernación definió el calendario tributario para vehículos. Pagar a tiempo no es solo un deber legal, es el combustible que impulsa el desarrollo de la región.

Más allá de una obligación administrativa, el pago de impuestos representa un pacto silencioso pero poderoso entre el ciudadano y su territorio. En Boyacá, este compromiso acaba de tomar forma definitiva para la vigencia 2026.

La Secretaría de Hacienda del departamento, a través de la Dirección de Recaudo y Fiscalización, ha trazado la hoja de ruta que deberán seguir los propietarios de vehículos automotores, estableciendo plazos que buscan no solo el orden fiscal, sino garantizar los recursos necesarios para que el departamento siga avanzando en infraestructura, salud y educación.

Mediante la Resolución 00000876 del 26 de diciembre de 2025, la administración departamental ha dejado claras las reglas de juego. El mensaje es urgente y emotivo: cumplirle a Boyacá es evitar contratiempos y sumarse a la inversión colectiva. César Antonio Pérez Naranjo, director de Recaudo y Fiscalización, ha sido enfático en que la estrategia se ha diseñado para facilitar el proceso, habilitando canales digitales robustos y convenios con entidades financieras que permiten realizar el trámite en minutos.

Un calendario escalonado para el orden ciudadano

Para evitar congestiones de última hora y fomentar una cultura de pago organizada, los plazos se han distribuido según el último dígito de la placa. Un sistema que apela a la planificación de cada contribuyente:

Placas terminadas en 1, 2 y 3: Tienen hasta el 31 de enero de 2026. El reloj corre más rápido para este grupo, pues desde el 1 de febrero ya se aplicarán sanciones.
Placas terminadas en 4, 5 y 6: Su fecha límite es el 28 de febrero de 2026.
Placas terminadas en 7, 8, 9 y 0: Podrán pagar hasta el 31 de marzo de 2026.

Es crucial recordar que esta medida cobija también a las motocicletas de más de 125 c.c. La declaración y el pago deben ser simultáneos; de nada sirve presentar el formulario si no se concreta el aporte económico que, al final del día, se traduce en bienestar para los boyacenses.

La administración ha sido clara: el 31 de marzo marca el cierre definitivo del ciclo voluntario sin castigo.

A partir del 1 de abril, quienes no hayan cumplido con su deber para con el departamento deberán asumir sanciones e intereses de mora. No se trata de un afán recaudatorio, sino de justicia con quienes sí cumplen a tiempo.

La invitación es a ver este impuesto no como una carga, sino como la inversión necesaria para mantener las vías por las que transitamos y los proyectos que enorgullecen a la región.

Boyacá espera que sus ciudadanos respondan con la grandeza que caracteriza a esta tierra.