El senador boyacense fue hallado responsable de favorecer a contratistas para que se quedaran con las licitaciones del Estado y, a cambio, cobraba coimas.
El senador Ciro Alejandro Ramírez Cortes fue condenado a 23 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir, en un entramado para direccionar ilegalmente la contratación pública denominado ‘las marionetas’.
El fallo en primera instancia además lo absolvió por interés indebido en la celebración de contratos por la red de clientelismo que enlodó al Congreso pasado: el direccionamiento ilegal de contratos a través de parlamentarios y algunos de sus asesores, en complicidad con funcionarios de entes territoriales en las regiones donde tenían su caudal político.
La decisión también deja claro que Ramírez no podrá cumplir la pena en su casa ni acceder a beneficios mientras la condena queda en firme. Es decir, una vez se agoten los recursos legales, deberá ir a prisión.
En el entramado de “las Marionetas”, Ciro Ramírez habría direccionado dos contratos interadministrativos de $22.173 millones y de $49.460 millones en los departamentos del Quindío y Tolima.
En ambos casos, los contratistas beneficiados le habrían entregado al congresista alrededor de 1.000 millones de pesos en coimas, pues según la investigación, él pedía hasta el 15% de ganancia por contrato firmado.
En la investigación adelantada por la Fiscalía a funcionarios cercanos al congresista, el ente investigador vinculó a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) y al contratista Anderson González, ambos por presuntas irregularidades.
En el mismo fallo, la Corte decidió absolverlo de algunos cargos específicos relacionados con ciertos contratos, al considerar que no había pruebas suficientes en esos puntos. Aun así, la condena principal se mantiene por su papel dentro de la estructura que, según la justicia, manipuló la contratación pública para fines indebidos.
El escándalo de “las Marionetas” comenzó como una práctica atribuida al fallecido exsenador Mario Castaño, quien logró torcer contratos del Estado para favorecer a determinados contratistas y, a cambio, cobrar coimas. Ese mismo esquema habría sido replicado por Ciro Ramírez y otros congresistas.
Los hechos por los que fue llamado a juicio y condenado por la Sala Especial de Primera Instancia se remontan a 2021, cuando se habría pactado la negociación criminal en la que intervinieron Pablo César Herrera, asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, y el senador Ramírez.
En ese encuentro, el entonces directivo le expuso al hoy condenado los avances y resultados de un contrato de gerencia suscrito entre esa entidad y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Posteriormente, el 13 de octubre de ese año, Herrera se habría reunido con Ramírez y con Pierre García, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de suscribir un nuevo contrato interadministrativo de gerencia integral entre el DPS y Proyecta.
La Corte recuenta que, durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías —que restringe la contratación directa—, se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta, por un valor de 48.660 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, producto del entramado de corrupción los contratos de obra e interventoría conocidos como Saldaña y Quindío Varios habrían quedado en manos de un grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, quien, a su vez, designó a los contratistas.
Por su parte, obras en Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, así como sus respectivas interventorías habrían sido direccionadas para favorecer a empresas representadas por Anderson González González.
De acuerdo con la investigación, el plan —diseñado y promovido por García— buscaba consolidar un proyecto político en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, en paralelo con el pago de dádivas que ascenderían a 1.000 millones de pesos.
Para la Corte, el concierto para delinquir se concretó en el apoyo electoral que habrían hecho Raúl Cardozo Ordóñez y Anderson González González a la campaña de Ramírez, lo cual, según la acusación, “se evidencia en la diferencia entre las votaciones que obtuvo en 2018 y en 2022, particularmente en los departamentos de Santander, Quindío y Caldas”.
En cuanto al cohecho propio, la Sala de Instrucción lo acusó por las instrucciones que impartió para el direccionamiento ilegal de los convenios.
Ahondando en las conductas, la Corte señaló que Ramírez «se valió de su cargo como senador de la República, que le permitía tener contacto con funcionarios del sector público e intervenir, a través de un entramado burocrático, en distintos procedimientos administrativos y de contratación».
Esta injerencia, agrega el tribunal, le posibilitó a la organización «obtener provecho ilícito mediante la materialización de múltiples conductas punibles en detrimento del Estado».
«La coordinación entre el senador, su asistente y Alejandro Noreña estaba orientada a articular las gestiones institucionales ante el DPS con las proyecciones políticas del aforado. Ello confirma, además, la naturaleza instrumental que los intervinientes atribuían a la bolsa proyectada, cuya destinación trascendía la finalidad pública y estaba orientada —como se acreditó— a fortalecer la posición electoral de Ramírez», se lee en la sentencia.
*Con información de EL TIEMPO Y El Colombiano