Disidentes de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ desataron una ofensiva sin precedentes en el suroccidente del país. La masacre en la vía Panamericana dejó 20 muertos, todos civiles.
El suroccidente colombiano amaneció este domingo de luto, sacudido por la oleada de terror más intensa registrada en el país desde la firma del acuerdo de paz con las Farc hace casi una década. En apenas 48 horas, las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco perpetraron 26 acciones terroristas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, utilizando hostigamientos con fusil, drones con explosivos y ataques dirigidos tanto contra unidades militares y de Policía como contra la población civil.
El hecho más sanguinario ocurrió en la tarde del sábado 25 de abril, en la vereda El Túnel del municipio de Cajibío, sobre la carretera Panamericana que conecta a Cali con Popayán. Un cilindro lleno de explosivos fue lanzado y cayó sobre un autobús, destruyendo también otros 15 vehículos, así como un tramo de la vía. La explosión abrió un enorme cráter y dejó un escenario de devastación con cuerpos tendidos entre hierros retorcidos.
La mayoría de quienes perecieron vivían en la vereda La Palma, una localidad de no más de 500 personas del corregimiento La Pedregosa, en el mismo Cajibío. Entre las víctimas estaba la lideresa social Patricia Mosquera, quien murió junto con dos de sus primas luego de asistir al entierro de un familiar.
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que entre las 20 víctimas fatales hay 15 mujeres y cinco hombres, ninguno de ellos menor de edad. Los cuerpos ya identificados fueron entregados a sus respectivas familias, mientras continúan las labores para identificar a los cinco restantes.
La cadena de violencia, sin embargo, había comenzado un día antes. La ofensiva se inició el viernes 24 de abril con un atentado contra el cantón militar Pichincha en Cali que, aunque no dejó víctimas, encendió las alertas. Horas después, en Palmira, la explosión de un carro bomba en el batallón de ingenieros Agustín Codazzi confirmó el recrudecimiento de la violencia. (CityTv) Estos hechos resultaron ser apenas el preludio de una ofensiva de mayor envergadura que se extendería por todo el fin de semana.
El ataque en Cajibío fue atribuido por los militares a la columna Jaime Martínez. El presidente Gustavo Petro señaló directamente a Iván Jacobo Idrobo Arrendondo, alias Marlon, como el presunto cabecilla responsable de la masacre.
Hasta ahora ningún grupo había reivindicado el atentado.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió la situación sin rodeos: «Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas», al tiempo que hizo un llamado urgente al Gobierno nacional tras reportar hechos violentos en municipios como El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, explicó que los ataques son consecuencia de la presión sostenida del Estado sobre las estructuras criminales: «Ante esta ofensiva, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento».
La respuesta institucional no se hizo esperar. La Gobernación del Cauca expidió el decreto departamental 0303-04-2026 declarando tres días de duelo, con banderas a media asta en edificios públicos y colegios.
Popayán y Cajibío adoptaron ley seca, toque de queda nocturno y restricción a la circulación de motocicletas, mientras se prohibieron los eventos masivos y el transporte de materiales como gas propano y escombros.
En el plano político, la vicepresidenta Francia Márquez exigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acciones que permitan detener de manera inmediata los atentados terroristas, señalando que «estamos permitiendo que el miedo se imponga en esta región del país».
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, instó a las autoridades competentes a desplegar acciones contundentes de persecución y castigo, e informó que ya se impartieron órdenes orientadas tanto a la prevención de nuevos atentados como a la determinación de responsabilidades entre las autoridades públicas.
La Defensoría del Pueblo cuestionó la ausencia de alertas previas: «Cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados: evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado».
El contexto geopolítico añade otra capa de tensión: el ataque se produjo horas después de la visita del presidente Petro a Venezuela junto a la cúpula militar colombiana, donde acordaron combatir a los grupos criminales en la frontera entre ambos países.
La escalada, además, ocurre a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, lo que agrega una dimensión política de enorme peso a la crisis de seguridad.
El Ministerio de Defensa anunció el despliegue de más de 13 pelotones de caballería blindados y 12 de infantería en la región, y ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos —unos 280.000 dólares— por información que permita ubicar a los cabecillas identificados como alias Farley, alias David o Mi Pez y alias Jairo Ramírez.
El Cauca sangra. Y el país entero exige respuestas.