La Sala de Instrucción dictó medida de aseguramiento intramural por cohecho impropio.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sacudió el panorama político este miércoles al ordenar la captura y el envío a prisión de los representantes a la Cámara Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de paz (Citreps).
La decisión se produce apenas tres días después de que ambos lograran su reelección en las urnas para el periodo 2026-2030. El alto tribunal les imputa el delito de cohecho impropio, en el marco del expediente por la presunta red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la investigación, los congresistas habrían pactado beneficios ilícitos a cambio de emitir conceptos favorables en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Estos «favores» se habrían materializado en el direccionamiento de tres contratos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar, cuya suma supera los $92.000 millones.
El factor electoral. La captura de Manzur —quien obtuvo una de las votaciones más altas del conservatismo con 134.000 votos— y de Manrique genera un limbo institucional. Aunque fueron elegidos el pasado domingo, la medida de aseguramiento les impediría tomar posesión de su cargo el próximo 20 de julio.
Juristas consultados señalan que, al tratarse de delitos contra la administración pública, podría aplicarse la figura de la silla vacía, lo que significaría que sus partidos perderían los escaños. «El fuero nace con la elección. Si están detenidos por corrupción, el impacto es inmediato tanto para el periodo actual como para el que viene», explicaron fuentes cercanas al proceso.
En el mismo auto, la Corte llamó a juicio a los congresistas Liliana Bitar, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, además del exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes también estarían implicados en el entramado que confesaron los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.